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27 de octubre de 2026La autorización técnica del primer inyectable de larga duración a bajo costo marca un avance decisivo en la respuesta a la epidemia. No obstante, los acuerdos comerciales de exclusividad y la falta de transparencia en los convenios regionales mantienen a gran parte del continente al margen de este beneficio.
El anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) sobre la aprobación provisional del primer lenacapavir genérico inyectable, desarrollado por la firma india Dr. Reddy’s, fue recibido como un logro histórico por la comunidad científica internacional. Esta formulación de acción prolongada transforma la adherencia profiláctica y terapéutica al requerir apenas dos aplicaciones al año, superando la fatiga del esquema diario. A la par de este aval técnico, se hizo pública una estimación de precio de 40 dólares anuales por persona. La cifra contrasta de manera abismal con los miles de dólares que exige el medicamento innovador en los mercados del norte global, perfilándose a primera vista como la herramienta idónea para acelerar las metas de erradicación del virus.
El optimismo, sin embargo, encuentra un freno estructural en las barreras de propiedad intelectual. La tarifa reducida de 40 dólares responde a las licencias voluntarias suscritas por el laboratorio titular, Gilead Sciences, pero ese beneficio está restringido de forma exclusiva a un listado de 120 países. En ese reparto geográfico, amplios sectores de América Latina quedaron sistemáticamente excluidos bajo el criterio financiero de ser considerados economías de ingresos medios, una clasificación que ignora las brechas de desigualdad y la limitada cobertura presupuestaria de los sistemas sanitarios locales.
Desde la labor de acompañamiento e incidencia que realizan en Sí, da Vida, advirtieron oportunamente que contar con una aprobación sanitaria internacional no se traduce en disponibilidad real dentro de los consultorios públicos. La existencia de patentes vigentes en países de la región actúa como un candado legal que impide a las autoridades comprar o fabricar versiones genéricas más asequibles sin enfrentar litigios comerciales. De este modo, la innovación tecnológica termina atrapada en el monopolio privado, postergando a las poblaciones que sostienen la mayor carga de nuevas infecciones.
El escenario regional suma además una marcada opacidad. Pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuenta con un acuerdo marco con Gilead para catorce países de la zona, los términos finales de abastecimiento, los costos y los plazos de entrega no han sido transparentados de cara a la opinión pública. Sin claridad contractual ni garantías de precio justo, los estados pierden capacidad de planificación y las personas usuarias quedan desprovistas de certezas sobre cuándo podrán incorporar estos esquemas preventivos a sus esquemas de salud integral.
Organizaciones internacionales como ITPC LATCA y LATCA CAB recuerdan que los estados tienen la legitimidad y el deber de apelar a las flexibilidades de los Acuerdos sobre los ADPIC para proteger la salud pública. Frente a la urgencia epidemiológica, el acceso a las innovaciones biomédicas no puede ser administrado como un privilegio corporativo. La prevención del VIH requiere decisiones políticas valientes que retiren los obstáculos comerciales y aseguren que los avances de la ciencia lleguen de manera oportuna a toda la ciudadanía.




